BRASIL (Pulso) — Confirmado. Joao Araujo, 57 años, cortó su monitor de tobillo el 1 de agosto. Desapareció tres días antes de su juicio en Florida. Enfrentaba 14 cargos: robo mayor, ejercicio ilegal de la medicina y fraude.
Cuatro fuentes cercanas al caso dijeron al New York Post que Araujo está en Brasil. Brasil no extradita a sus propios ciudadanos. Araujo había entregado su pasaporte brasileño como condición de su fianza de 20.500 dólares.
Un alto funcionario estadounidense advirtió al Post: si Brasil emitió nuevos documentos para facilitar la fuga, «sería un desastre completo para la ya tensa relación». El propio Araujo apareció el domingo en un podcast con la periodista brasileña Hildegard Angel. Allí declaró que huyó de Estados Unidos. Mencionó funcionarios brasileños con quienes habría tenido contacto.
La tensión bilateral ya era grave. Brasil bloqueó en julio al embajador entrante Daniel Perez. También negó visas a dos funcionarios del Departamento de Estado. La administración Trump respondió cancelando la visa de la embajadora brasileña Maria Luiza Ribeiro Viotti.
El caso tiene aristas personales. La esposa y coacusada de Araujo, Amanda Ungaro, es expareja de Paolo Zampolli, enviado especial de Trump. Zampolli es reconocido por haber presentado a Melania Trump con el futuro presidente en 1998. Ungaro fue detenida por agentes de inmigración el año pasado. Tenía visa vencida. Fue autorizada a autodeportarse a Brasil en septiembre u octubre pasados.
Una víctima identificada en registros judiciales declaró al Post que Araujo «dañó su alma». Recibió liposucción asimétrica e inyecciones no aprobadas por la FDA. Gastó decenas de miles de dólares, según la denuncia penal. Su madre sufrió quemaduras en el rostro tras un tratamiento láser en la clínica.
La fiscalía del condado Miami-Dade confirmó: las víctimas habrían tenido derecho a restitución económica. La fuga lo impidió.
Esto es lo que se sabe. Un acusado de dañar a pacientes vulnerables escapó de la justicia. Sus víctimas quedan sin reparación. El fiador pierde la suma depositada. Y Brasil, al amparo de su política de no extradición, protege de facto a un prófugo con cargos graves.
Pulso Global lo señala sin rodeos: cuando el aparato estatal de un país facilita —o simplemente tolera— la impunidad de sus ciudadanos en el exterior, el costo lo pagan las víctimas. En este caso, pacientes que pagaron con dinero y con su cuerpo.
