COLOMBIA (Pulso) — La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, denunció amenazas de muerte contra ella y su familia. La intimidación llegó tras señalar «manos criminales» detrás de los incendios forestales en el departamento.
Según Matiz, las disidencias de las Farc y otros grupos delincuenciales están detrás de los mensajes. La denuncia se conoce después de lo ocurrido en Gualanday. Allí, según su versión, voluntarios, bomberos, policías y autoridades fueron increpados mientras atendían la conflagración.
La mandataria vinculó las amenazas a las decisiones tomadas frente a la emergencia. «He recibido amenazas y alertas sobre posibles atentados contra mi integridad y la de mi familia», afirmó, según fuentes citadas por el medio.
Matiz acudió ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos incendios provocados. Pidió además investigar si hubo injuria o calumnia en los señalamientos surgidos durante la emergencia.
La gobernadora insistió en que actuó «con la mesura que correspondía» y dentro del marco de su autoridad. Dijo que su prioridad fue proteger la vida de los tolimenses frente a la conflagración.
Rechazó que la crisis se convierta en escenario de confrontación política. «La verdad no puede ser reemplazada por la mentira», señaló, y afirmó que seguirá actuando «sin ceder ni ante los violentos».
En desarrollo: se espera la respuesta de la Fiscalía sobre las denuncias presentadas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el control que ejercen estructuras criminales sobre territorios rurales colombianos. Cuando una autoridad electa recibe amenazas por ejercer funciones básicas —coordinar una emergencia— el estado de derecho queda en entredicho. La firmeza institucional, no la negociación con los violentos, es la única garantía real para quienes viven bajo la sombra de economías ilegales y grupos armados.
