VENEZUELA (Pulso) — Confirmado: la crónica de Jon Lee Anderson para The New Yorker describe el nuevo orden en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos el 3 de enero.
Gobierna Delcy Rodríguez, presidenta encargada. Según Anderson, es una operadora tras bastidores, apodada «la tecnócrata».
En marzo restableció lazos diplomáticos con Washington. Recibió al director de la CIA, al secretario de Energía y al jefe del Comando Sur.
Donald Trump ha dicho que quiere convertir a Venezuela en el «quincuagésimo primer estado». Sobre Rodríguez afirmó: «Fue bastante amable, pero realmente no tiene otra opción».
Sobre petróleo, el mandatario fue directo: «Al vencedor le pertenece el botín».
El pacto más relevante es el firmado en agosto. Según la crónica, entrega 17 campos petroleros con cerca de 65.000 millones de barriles de crudo a un consorcio encabezado por North American Blue Energy Partners, dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.
En lo económico, Venezuela reanudó relaciones con el FMI y el Banco Mundial. Inició la reestructuración de su deuda externa, asesorada por Centerview Partners con comisiones millonarias.
Expertos como Chris Sabatini, de Chatham House, y John Bolton calificaron el acuerdo de «colusión colonial moderna». Según ellos, intercambia el patrimonio energético del país por la permanencia de Rodríguez en el poder, sin garantizar el Estado de derecho.
La crisis humanitaria complicó el cuadro. A finales de junio, dos terremotos devastaron La Guaira, Catia La Mar y el aeropuerto de Maiquetía. Dejaron al menos 6.500 muertos y casi 18.000 damnificados. Estados Unidos asumió el control del aeropuerto y desplegó aproximadamente 2.000 soldados y 2 buques de guerra.
El gobierno culpó a supuestos «laboratorios mediáticos» e influencers en el exilio por el colapso del rescate. La prensa lo calificó como un epitafio para el chavismo.
Lectura editorial: un contribuyente venezolano que ve cómo su principal activo energético pasa a manos privadas y extranjeras, mientras el poder político se negocia en Washington, pierde en dos frentes. Pierde patrimonio y pierde autonomía. La libre empresa exige reglas claras y propiedad respetada; un reparto de campos negociado bajo presión no ofrece ninguna de las dos cosas.
El principio en juego no es la afinidad con Washington ni con Caracas. Es quién decide sobre la riqueza de un país y bajo qué reglas. Mientras eso siga en negociación opaca, la soberanía venezolana seguirá siendo la gran pieza de cambio.



