ARGENTINA (Pulso) — Confirmado. Las ventas de vehículos híbridos y eléctricos en Argentina crecieron un 339,4% interanual en el primer semestre de 2026. Se patentaron 42.238 unidades frente a 9.613 en el mismo período de 2025.
El segmento ya representa el 15% del mercado total. Esto ocurrió mientras el mercado general de autos y vehículos comerciales livianos retrocedió un 11,1% en el mismo lapso.
El motor del salto fue el Decreto 49/2025. La norma fijó arancel de importación del 0% para vehículos electrificados de fuera del Mercosur con valor FOB de hasta USD 16.000. El cupo anual es de 50.000 unidades.
Se realizaron tres licitaciones. Habilitaron el ingreso de 100.000 vehículos bajo ese régimen. El cupo de 2026 distribuyó 19.280 unidades para terminales y 30.720 para importadores.
Los modelos chinos fueron los principales beneficiados. En híbridos convencionales ya representan el 29% de las ventas, con un crecimiento del 1.221% interanual. Los híbridos de Brasil concentran el 19% y crecieron apenas un 21%.
En el segmento 100% eléctrico, BYD domina: el Dolphin Mini acapara el 56% de las ventas y el Yuan Pro otro 18%. Las marcas chinas representan cerca del 90% del segmento BEV.
La oferta de modelos también se expandió: de 87 en el primer semestre de 2025 a 145 en 2026. Solo en el semestre se incorporaron 50 nuevos modelos.
El principal obstáculo para los 100% eléctricos ya no es la disponibilidad. Es la infraestructura. Existen alrededor de 260 puntos de carga en todo el país, equivalente a 3,5 cargadores cada 100 vehículos. Chile dispone de aproximadamente ocho por cada 100.
El Gobierno ya analiza la licitación de 2027, que sumaría otras 50.000 unidades, y estudia elevar el límite del valor FOB.
Lectura de la casa. El experimento argentino es elocuente: una desregulación arancelaria puntual produjo lo que años de subsidios estatales no lograron en otros países de la región. El consumidor eligió sin que el aparato burocrático le dictara qué comprar. El desafío pendiente —la red de carga— es precisamente el campo donde la inversión privada, y no el gasto público, tiene la palabra.
