COLOMBIA (Pulso) — El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio por terminadas las conversaciones con varios grupos armados ilegales. Los diálogos habían sido iniciados por su antecesor, Gustavo Petro.
La decisión quedó en resoluciones expedidas el viernes por la noche. Se conocieron este sábado.
Las mesas cerradas corresponden al Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). El Gobierno invocó «ausencia de voluntad de paz».
De la Espriella también revocó las credenciales de los negociadores oficiales. Retiró además el reconocimiento a los delegados de esos grupos.
Armando Novoa, jefe negociador con la CNEB, calificó la medida de «acto innecesario». Según Novoa, los representantes ya habían renunciado el 6 de agosto, un día antes de la investidura.
La 'paz total' fue la política insignia del Gobierno de Petro. Incluía al ELN, al EMC y a disidencias de las FARC. También apuntaba al sometimiento del Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país.
Los diálogos con ELN y EMC ya habían sido suspendidos por el propio Petro. La razón entonces: falta de voluntad de paz de esos grupos.
Antes de asumir, De la Espriella advirtió que no habría «ofertas generosas ni concesiones inaceptables». En su discurso de investidura fue tajante: «la opción del diálogo está completamente agotada».
El cierre de estas mesas confirma un giro de fondo en la política de seguridad colombiana. La negociación indefinida con estructuras armadas, sin resultados verificables, da paso a una postura de autoridad estatal.
Para el electorado que respaldó a De la Espriella, el mensaje es claro: el Estado no premia a quien mantiene armas mientras negocia. La 'paz total' deja como saldo años de diálogo y pocos resultados en desarme real.
