ESTADOS UNIDOS (Pulso) — La Corte Suprema de Nuevo México falló de forma unánime. La confesión de Alexee Trevizo ante personal del hospital no puede usarse en su juicio por asesinato.
Trevizo tenía 19 años cuando fue arrestada en 2023. Los cargos: asesinato en primer grado y manipulación de evidencia. Según el expediente, arrojó a su bebé recién nacido en una bolsa de plástico atada dentro de un basurero del hospital.
Una cámara de bodycam capturó el momento. Un médico ingresó a la habitación con dos oficiales. Les informó a Trevizo y a su madre que habían encontrado un recién nacido muerto en el basurero.
«Lo siento, salió de mí. No supe qué hacer», dijo Trevizo, según el video. «Tenía miedo», añadió, y afirmó que el bebé «no lloraba ni nada».
La madre preguntó: «¿Dónde pusiste al bebé? Dime la verdad. ¿Lo pusiste en la bolsa?». Trevizo confirmó que sí.
La policía no leyó a Trevizo sus derechos Miranda antes de la confesión. La fiscalía argumentó que no era necesario: ella hablaba con personal médico, no directamente con los agentes. El tribunal rechazó ese argumento.
El fallo también anuló el video de vigilancia del hospital y cualquier grabación de bodycam capturada por los oficiales presentes. La base: todo ocurrió en un contexto protegido por la confidencialidad médico-paciente.
El Quinto Distrito Judicial ya había excluido esa evidencia. La Corte Suprema confirmó esa decisión.
El bebé, según una enfermera citada en el expediente, era de término completo.
Lectura editorial. El fallo ilustra una tensión real: la protección médico-paciente es un pilar del estado de derecho. Pero cuando esa protección blinda la confesión espontánea de quien abandonó a un recién nacido en un basurero, el resultado es difícil de sostener ante cualquier noción de justicia. El aparato judicial de Nuevo México tiene ahora un caso de asesinato en primer grado sin su evidencia más directa. La víctima —un niño que nunca recibió un nombre público— queda al margen del debate procesal.
