CHILE (Pulso) — La Corte Suprema rechazó el recurso de queja que interpuso Conadecus en el Expediente de Recomendación Normativa del TDLC sobre conglomerados económicos.
El máximo tribunal señaló que el recurso de reclamación está especialmente regulado en materia de libre competencia por el Decreto Ley N°211. Añadió que apelación y reclamación son arbitrios distintos, con ámbitos y fines propios.
La Corte concluyó que el recurso de hecho se interpuso contra una resolución que no dio lugar a la tramitación de un reclamo. Por eso, dijo, el arbitrio no podía prosperar.
El fallo fue dictado por la Tercera Sala, integrada por los ministros Adelita Ravanales, Mireya López y Gonzalo Ruz, junto a las abogadas integrantes María Angélica Benavides y Andrea Ruiz. Ravanales no firmó por estar con permiso. López no lo hizo por un problema técnico con su firma electrónica.
La resolución cierra la última vía judicial impulsada por la asociación de consumidores. Su objetivo era pedir al TDLC una propuesta de desconcentración económica para el Ejecutivo.
El TDLC ya había rechazado imponer límites a la estructura y propiedad de los grandes conglomerados en Chile. También descartó restricciones a las sociedades piramidales y a la participación cruzada entre los mercados financiero y real.
Sí acogió parcialmente las inquietudes y recomendó crear un Registro de Grupos Económicos. El objetivo es identificar a los beneficiarios finales, mejorar la información y reforzar la fiscalización.
Conadecus, representada por el abogado Mario Bravo, sostuvo que el TDLC incurrió en una arbitrariedad que vulneró el proceso. También afirmó que el tribunal vació de contenido el caso.
En su propia lectura, Bravo dijo que regular el poder de los grupos económicos es un problema estructural de la economía. Agregó que eso permitiría a consumidores y Pymes volver a creer en la recuperación.
En el fondo, la decisión preserva el margen de organización de las empresas frente a una nueva capa regulatoria. También deja claro que la vía judicial no sustituye la discusión de fondo sobre competencia y transparencia.
Para el mercado, es una señal de límites al activismo regulatorio. Para los consumidores, el debate sigue abierto. Lo que no cambia es que más burocracia no reemplaza reglas claras ni inversión privada.