COLOMBIA (Pulso) — Confirmado: María Claudia Tarazona atribuyó la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay al presidente Gustavo Petro. Lo dijo en entrevista con la periodista Vicky Dávila para SEMANA, a más de un año del magnicidio.
Es una opinión personal de la viuda, basada según ella en el acervo probatorio recopilado por la Fiscalía. La Fiscalía no ha establecido responsabilidad en esos términos.
Tarazona también afirmó que el exministro del Interior Armando Benedetti habría advertido a un congresista de un atentado contra Uribe Turbay a inicios de 2025. Según la entrevista, esa información proviene de una fuente que no ha sido entregada a la Fiscalía y que, en sus palabras, no puede corroborar.
Sobre la investigación, Tarazona dijo que la fiscal general le habría comentado que una línea fuerte de investigación considera el caso un «crimen de Estado». Cuestionó además a la fiscal Luz Adriana Camargo por señalar que está muy ocupada para involucrarse a fondo. Tarazona expresó que confía en el Grupo de Tareas Especializadas, pero no en la fiscal.
Tarazona afirmó que tres personas presentes en el parque El Golfito, en Fontibón, Bogotá, figuraban en la nómina de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según su relato, un video fue evaluado por la Fiscalía y otros entes, que lo consideraron veraz. Añadió que el esquema de seguridad del entonces precandidato no sabía nada.
También vinculó a Venezuela. Según Tarazona, mover 1,5 millones de dólares y armas desde ese país hacia Colombia sin el conocimiento del régimen de Nicolás Maduro sería muy difícil. Indicó que los investigadores apuntan a que la orden habría venido de Marco Rubio... [el texto de la fuente se corta aquí; no se afirma nada más sobre ese punto].
Lectura editorial: el caso pone a prueba la confianza en las instituciones que deben investigar un magnicidio. Cuando una viuda cuestiona a la fiscal y señala a un jefe de Estado, el contribuyente tiene derecho a respuestas verificables, no a especulaciones. Las acusaciones son de terceros y deben tratarse como tales hasta que un tribunal las confirme. Lo que sí está en juego es la exigencia de justicia y de que el Estado no proteja a nadie, sea quien sea.



