COLOMBIA (Pulso) — El Consejo de Estado entró en la fase final del proceso sobre el aumento de 23 % del salario mínimo para 2026. El valor vigente es de $1.750.905 mensuales.
Cerca de 2,4 millones de colombianos reciben ese ingreso, tras el incremento decretado. La decisión final aún no se produce. El tribunal cerró la etapa probatoria y acumuló las demandas.
Ahora faltan los alegatos finales, el concepto del Ministerio Público y la sentencia de fondo. Esa decisión definirá la legalidad del Decreto 1469 de 2025.
Fenalco presentó sus alegatos de conclusión y reiteró su pedido para que se declare la nulidad del decreto. Jaime Alberto Cabal sostuvo que el Gobierno anterior no podía apartarse de los criterios fijados por el legislador.
La discusión judicial gira sobre si se cumplieron los parámetros legales. Entre ellos están la inflación, la productividad, el crecimiento económico, la participación de los salarios en el ingreso nacional y la capacidad económica de las empresas.
Uno de los puntos de choque es el concepto de «salario vital». Fenalco dice que el incremento se apoyó en una estimación atribuida a funcionarios o colaboradores de la OIT. El gremio sostiene que esa estimación no tiene carácter normativo vinculante.
Fenalco también cuestiona la motivación del decreto. Afirma que no explica cómo fueron valorados los factores que la ley ordena considerar.
En febrero, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 1469 de 2025. Luego, la Sección Segunda revocó esa suspensión. Dijo que no se había demostrado un perjuicio concreto.
El fallo que viene no solo definirá el aumento de 2026. También puede marcar el margen del aparato estatal para fijar salarios con reglas claras.
Para los contribuyentes y las empresas, el caso importa por una razón simple. Un aumento sin sustento legal debilita la previsibilidad. Y la previsibilidad es clave para el empleo, la inversión y la libre empresa.