USA (Pulso) — El Departamento de Estado publicó un informe sobre actividades del régimen comunista cubano en Estados Unidos. Así lo señala una columna de opinión publicada este viernes en el New York Post, firmada por Daniel Di Martino y Stu Smith, del Manhattan Institute.
Según los columnistas, el documento oficial indica que Cuba ha estado entrenando a más de 10.000 activistas de izquierda estadounidenses y financiando disidencia en el país. El régimen tendría capacidad de organizar manifestaciones en bases militares e instalaciones migratorias con un día de anticipación.
La pieza cita a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, como exbrigadista de la Venceremos Brigade. Según los autores, Bass ha promovido causas favorables al régimen cubano, incluyendo pedir el levantamiento de sanciones. Cuando murió Fidel Castro, la llamó «Comandante en Jefe».
Los Democratic Socialists of America enviaron 40 miembros a La Habana. Se reunieron con funcionarios comunistas, entre ellos el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Cossío Domínguez, según la columna.
Un tribunal federal investiga al multimillonario Neville Roy Singham, descrito en la columna como financiador principal de una red de organizaciones sin fines de lucro que apoyan actividades comunistas. Según reportes citados por los autores, un gran jurado estaría investigando si sus actividades pudieron haber violado la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Singham no ha sido imputado y niega actuar en nombre del gobierno chino.
El Departamento de Justicia busca además la extradición de James «Fergie» Chambers, radicado en España. Chambers niega irregularidades.
Los autores proponen que el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara cite a declarar a personas y organizaciones identificadas en el informe cubano. También recomiendan revisar el estatus fiscal de grupos como People's Forum, Code Pink y la ANSWER Coalition.
Lectura de la casa. La columna, basada en lo que describe como evidencia oficial, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo puede un Estado tolerar que una potencia extranjera financie y organice activismo disruptivo en su propio territorio? Los esfuerzos de la administración Trump para desmantelar esa red apuntan a un principio elemental: la soberanía nacional no es negociable. El contribuyente estadounidense merece saber quién financia las redes que operan contra sus instituciones.
