BOLIVIA (Pulso) — Fernando Cerimedo, asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz, escribió una carta desde la cárcel de Palmasola. Ahí guarda detención preventiva por tentativa de feminicidio.
«Mi rol como colaborador del presidente no me otorgó ninguna autorización ni poder», escribió. Negó haber participado en «negociados» de combustible, oro y seguros.
Su expareja, la abogada Nadia Beller, lo señaló como autor intelectual de un atentado en su contra. Beller fue atacada por dos sicarios el 17 de agosto. Recibió tres disparos.
Según Beller, el objetivo era silenciarla para evitar denuncias de corrupción estatal vinculadas a Cerimedo y su entorno. Cerimedo respondió: «las mentiras y chismes no constituyen hechos».
Un tribunal envió a Cerimedo a prisión preventiva el viernes pasado. El plazo es de 180 días mientras avanza la investigación. Enfrenta además un proceso por enriquecimiento ilícito, derivado de las declaraciones de Beller. Un tercer proceso lo acusa de encubrimiento al narcotráfico, por presuntos vuelos irregulares.
En la carta, Cerimedo respaldó el mensaje que dio Paz un día antes. El presidente minimizó la influencia de su asesor. Dijo que su función se limitó a comunicación, durante la campaña y los primeros meses de gobierno.
Sin embargo, existen registros que contradicen esa versión. Cerimedo participó en una reunión privada con el Departamento de Estado. Solo asistieron él, Paz y el entonces canciller boliviano. También estuvo en el saludo protocolar al rey de España durante su visita oficial.
El caso expone una tensión central para cualquier gobierno: quién ejerce poder real y quién responde por él. Un asesor sin cargo formal, con acceso a reuniones de Estado, es una anomalía institucional. La opacidad sobre su verdadero rol —ahora bajo tres causas penales distintas— plantea preguntas sobre controles y rendición de cuentas en el entorno de Paz, más allá del desenlace judicial de Cerimedo.
