ESTADOS UNIDOS (Pulso) — El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos confirmó a la BBC la detención de Andrew y Tristan Tate. Las detenciones se realizaron «en el marco de un proceso de extradición», según un portavoz del Departamento de Justicia.
TMZ publicó un video donde se ve a agentes esposando a ambos hermanos y escoltándolos a vehículos. La fuente del video fue Miami.
El detonante: 38 nuevos cargos autorizados por el Servicio de la Fiscalía de la Corona de Reino Unido (CPS). Andrew, de 39 años, enfrenta ahora 42 cargos en total. Tristan acumula 17.
Los nuevos cargos contra Andrew incluyen siete cargos de violación, cargos relacionados con trata de personas con fines sexuales y posesión de imágenes indecentes. Tristan enfrenta dos cargos de violación y tres de organización o facilitación de trata de personas con fines de explotación sexual.
La policía de Bedfordshire y Hertfordshire cifra el total en 59 cargos contra ambos. Los presuntos delitos se habrían cometido entre julio de 2010 y agosto de 2017.
Malcolm McHaffie, jefe de la División de Delitos Especiales del CPS, declaró que las nuevas imputaciones se produjeron tras recibir pruebas adicionales. Según el documento del CPS, el caso involucra ahora a siete presuntas víctimas.
Los hermanos poseen doble nacionalidad británica y estadounidense. El CPS indicó que iniciará trámites de extradición a Reino Unido.
Su abogado, Joseph McBride, calificó los nuevos cargos de «ataque político» y afirmó que buscan contrarrestar una demanda por difamación interpuesta por los Tate en EE.UU. «Estados Unidos no hace el trabajo sucio político de Reino Unido», declaró McBride. Los Tate han negado previamente haber cometido delito alguno.
En contraste, el abogado Matt Jury, que representa a varias presuntas víctimas británicas, celebró la acusación: «Es hora de que rindan cuentas ante la justicia».
Desde Pulso Global: el caso ilustra cómo los mecanismos de extradición entre democracias de mercado funcionan cuando los sistemas judiciales actúan con independencia. La defensa invoca el argumento político; los tribunales deberán separar ese ruido de los hechos. El principio es simple: nadie está por encima de la ley, independientemente de su audiencia en redes.
