ARGENTINA (Pulso) — La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles a la reforma de la ley de Inocencia Fiscal. Resultado: 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones. El proyecto pasa ahora al Senado.
La iniciativa modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias vigente desde 2025. Elimina los topes de $10.000 millones de patrimonio y $1.000 millones de ingresos para ingresar al sistema. Se mantienen como requisitos la residencia fiscal argentina y no ser Gran Contribuyente Nacional.
Votaron a favor Pro, la UCR, el MID, bloques provinciales aliados y parte de Provincias Unidas. Votaron en contra el peronismo, la Izquierda y varios diputados independientes.
La diputada Rodríguez Machado, miembro informante del dictamen de mayoría, sostuvo que la reforma apunta a «confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos». Señaló que ARCA podrá concentrar controles en quienes presenten inconsistencias relevantes.
La oposición denunció «un cuasi blanqueo de dinero para operaciones inmobiliarias», según Rauschenberger, de Unión por la Patria. También advirtió sobre presión para flexibilizar normas contra el lavado de activos.
A pedido de bloques aliados, el oficialismo incorporó una restricción clave: funcionarios desde rango de secretario de Estado, legisladores, jueces y fiscales, entre otros, no accederán a los beneficios del régimen durante los cinco años posteriores a haber ocupado esos cargos. ARCA podrá fiscalizarlos ante cualquier diferencia detectada.
En la misma sesión, Diputados aprobó la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la reducción del IVA del 21% al 10,5% para harina y fécula de mandioca, y la «Ley Joaquín» sobre seguridad en instalaciones deportivas.
Desde Pulso Global: la eliminación de topes amplía el universo de contribuyentes que pueden regularizar ahorros informales acumulados bajo décadas de inflación y presión fiscal. La exclusión de funcionarios públicos de los beneficios es una concesión política, no un principio. El debate real es si el Estado argentino merece seguir presumiendo culpabilidad sobre quienes ahorraron en dólares para sobrevivir a su propio desorden monetario. El Senado tendrá la última palabra.
