ARGENTINA (Pulso) — El proyecto de adhesión al Patent Cooperation Treaty (PCT) tiene dictamen en la Cámara de Diputados. El debate avanza con una modificación clave: dejar «en reserva el Capítulo II», el referido al examen preliminar internacional.
El PCT, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, agrupa 158 países. En América Latina, solo Argentina, Bolivia y Paraguay permanecen fuera.
El sistema actual argentino ofrece cobertura solo local y 12 meses para presentar documentación definitiva. El PCT protege el invento en el 95% del planeta y otorga 30 meses. Para una startup tecnológica, esa diferencia puede ser decisiva.
El caso Oncoliq lo ilustra. Adriana de Siervi, investigadora principal del Conicet, cofundó en 2020 esa empresa de biotecnología con Marina Simán. Desarrollaron una biopsia líquida para detectar cáncer de mama con una muestra de sangre. Para proteger la innovación, de Siervi presentó la solicitud PCT usando su ciudadanía italiana. Según la investigadora, ese paso fue «fundamental para atraer inversores y conseguir US$ 4 millones de capital semilla».
El Conicet opera igual: solicita patentes PCT a través de Inis Biotech, empresa del Instituto Leloir radicada en Delaware, Estados Unidos. Los laboratorios farmacéuticos argentinos usan sus filiales extranjeras con el mismo fin.
Cilfa, la cámara de laboratorios nacionales, pidió a los diputados incluir la reserva del Capítulo II. Argumentó que busca «resguardar el interés público y limitar los efectos adversos sobre la competencia». Según el artículo, el único país que mantiene hoy esa reserva es Uruguay, que ingresó al PCT el año pasado con esa condición. Los demás países que alguna vez la aplicaron la levantaron hace décadas.
Sobre la soberanía: el PCT no otorga patentes ni crea una «patente mundial». La patente definitiva la concede o deniega cada país. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) conservaría esa potestad.
Lectura editorial. El conocimiento se genera en Argentina con fondos del Estado, pero el aparato legal obliga a los innovadores a patentar bajo banderas ajenas. Eso no es soberanía: es burocracia que expulsa valor. La reserva del Capítulo II, impulsada por intereses farmacéuticos establecidos, amenaza con rebajar aún más una adhesión ya tardía. La libre empresa exige reglas del juego iguales para todos; negarlas a los propios emprendedores es el proteccionismo más costoso.
