REPÚBLICA DOMINICANA (Pulso) — República Dominicana presentó los primeros resultados de la Métrica de Justicia Abierta. La evaluación es del World Justice Project (WJP) con respaldo del PNUD. Se realizó en la sede de la Suprema Corte de Justicia, en Santo Domingo.
El informe ubicó la transparencia como la dimensión más consolidada. Detrás figuran la colaboración interinstitucional y la participación social. La rendición de cuentas fue señalada como el ámbito con más oportunidades de mejora, según el documento.
Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, sostuvo que los sistemas judiciales requieren independencia, eficacia, accesibilidad y claridad. Ana María Díaz, representante residente del PNUD, afirmó: «El acceso oportuno a la justicia es indispensable para consolidar la confianza ciudadana y reducir desigualdades».
Berenice Barinas Ubiñas, directora de la DIGEIG, señaló que la Métrica impulsa una transición hacia un concepto más amplio de Estado abierto. «La medición no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para aprender, mejorar y transformar», declaró según el comunicado institucional.
Alejandro González, jefe de Estrategia del WJP, destacó que la Métrica permitirá reconocer avances, detectar brechas y orientar decisiones con base en evidencia. Ana Cárdenas, directora de Proyectos de Justicia del WJP, indicó que el liderazgo dominicano en apertura judicial «puede convertirse en un modelo regional», según recoge el comunicado.
El informe también destaca mejoras en digitalización, publicación de datos en formatos accesibles y mecanismos de retroalimentación ciudadana. Los próximos pasos incluyen reuniones bilaterales con instituciones evaluadas y un informe final con recomendaciones.
Confirmado. La transparencia sin rendición de cuentas es escaparate, no reforma. El dato más revelador del informe es justamente ese: la rendición de cuentas sigue rezagada. Para el libre mercado y el ciudadano contribuyente, ese es el indicador que importa. Avanzar en métricas sin cerrar esa brecha convierte el aparato estatal en juez de su propio desempeño. La hoja de ruta existe. El resultado, en desarrollo.
