VENEZUELA (Pulso) — Caracas. El régimen de Nicolás Maduro anunció una reforma de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. La norma fue promulgada en 2011 bajo Hugo Chávez.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, admitió que la legislación «ha tenido efectos negativos sobre el mercado de alquileres». Según Rodríguez, muchos propietarios optaron por dejar sus inmuebles vacíos antes que alquilarlos bajo esas condiciones.
Rodríguez explicó que el régimen necesita incorporar «alrededor de 200.000 viviendas» al mercado de alquiler. El objetivo es atender a miles de familias desplazadas por los terremotos que afectaron al norte de Venezuela.
La fuente oficial indica que los sismos del 24 de junio dejaron más de 4.500 muertos, miles de heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda. Cientos de edificios sufrieron daños estructurales.
La ley de 2011 buscaba proteger inquilinos, fijar precios y limitar desalojos. En la práctica, según reconoce ahora el propio régimen, generó incertidumbre jurídica y eliminó los mecanismos para que los propietarios recuperaran sus inmuebles ante incumplimientos.
Rodríguez anunció que la reforma ofrecerá «mayores garantías a los propietarios». El Parlamento prevé debatir el proyecto en las próximas semanas dentro del plan de reconstrucción.
Confirmado. En desarrollo.
La admisión es contundente: décadas de intervencionismo chavista en el mercado inmobiliario colapsaron la oferta privada de vivienda. Hace falta una catástrofe sísmica para que el aparato estatal reconozca lo que la economía básica advierte desde siempre: los controles de alquiler expulsan propietarios y castigan a los inquilinos que dicen proteger. El libre mercado inmobiliario no es el problema; siempre fue parte de la solución.
