VENEZUELA (Pulso) — CARACAS — La cifra de fallecidos por los sismos del 24 de junio subió el sábado a 4.333, según informaron las autoridades venezolanas. Así lo confirmó Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional, en rueda de prensa.
315 cuerpos sin identificar. Rodríguez indicó que a esos cuerpos se les tomaron fotografías, huellas dactilares y muestras de piel. El objetivo: reconocerlos si son reclamados más adelante.
La búsqueda de sobrevivientes sigue activa en dos puntos. Equipos internacionales usan tecnología para detectar latidos o calor corporal. «Tiene que ser de manera lenta», dijo Rodríguez, «porque si se hace de manera abrupta… no sabemos si podemos llevarnos una vida en ese proceso».
El doble sismo —calificado por expertos como el de mayor magnitud en Venezuela en el último siglo— ha generado 1.203 réplicas. Colapsaron 190 estructuras. Hay 17.000 personas sin vivienda. Las autoridades habilitaron 94 refugios temporales, principalmente en escuelas que deben quedar libres antes de octubre.
Rodríguez estimó que se necesitarán 25.000 viviendas para los afectados. El gobierno anunció créditos hipotecarios con subsidios de hasta el 80%. Quedan, además, casi 1,3 millones de toneladas de escombros; el funcionario descartó que sean lanzados al mar.
Según Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez adelanta gestiones para obtener recursos financieros. Entre ellas, cartas a países como Inglaterra para solicitar, según sus palabras, la liberación de oro y activos venezolanos «retenidos ilegalmente».
Datos del radar NISAR de la NASA revelaron un «desplazamiento significativo» de terreno en La Guaira y zonas cercanas. La mayor parte del movimiento fue horizontal, en dirección oeste-este, según el reporte.
Lectura editorial. La tragedia expone la fragilidad estructural de un país devastado por décadas de estatismo y mala gestión. Que el régimen deba reclamar activos inmovilizados en el exterior para financiar refugios temporales revela el colapso de sus propias finanzas públicas. Son los venezolanos —no la burocracia que los gobierna— quienes pagan el costo más alto.
