VENEZUELA (Pulso) — Caracas. El gobierno venezolano inicia este sábado un censo biométrico de damnificados. Lo confirmó la presidenta encargada Delcy Rodríguez en el canal estatal VTV.
El registro opera mediante lector de huella dactilar. Se realizará «en los campamentos transitorios, en atención a un cronograma progresivo», según sus palabras.
Las cifras oficiales hablan de 17.907 personas sin vivienda tras los terremotos del 24 de junio. De ellas, 17.266 están alojadas en 89 campamentos transitorios en Caracas y los estados Miranda y La Guaira.
El balance oficial actualizado este viernes suma 4.118 fallecidos y 16.740 heridos.
Rodríguez anunció además un fondo de apoyo a juntas de vecinos para reparación de edificios. El 29 de junio había prometido viviendas para todos los afectados antes de fin de año.
El plan incluye viviendas prefabricadas con respaldo de Naciones Unidas. Tom Fletcher, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, confirmó a EFE que la organización ya «recauda dinero» para el proyecto.
El gobierno también convocó a empresas nacionales y extranjeras para una construcción «agresiva y rápida». Rodríguez informó de conversaciones con EE.UU., Brasil, el FMI y el Banco Mundial.
Lectura editorial. Un régimen que restringe datos, persigue periodistas y controla el padrón electoral ahora construye una base biométrica de decenas de miles de venezolanos vulnerables. El instrumento puede servir para la reconstrucción; también puede servir para el control político de quién recibe una vivienda y quién no. La dependencia de financiamiento externo —ONU, FMI, Banco Mundial— es la única garantía mínima de que los recursos lleguen a los damnificados y no al aparato estatal. Esa supervisión internacional debe ser condición, no cortesía.
