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Venezuela aprueba ley de arrendamiento para reubicar a 23.800 damnificados por el doble terremoto

La Asamblea Nacional sancionó por unanimidad la norma que busca ampliar la oferta de alquiler. Pone fin a una ley restrictiva que, durante dos décadas de chavismo, desincentivó el alquiler y dio paso a ocupaciones ilegales.
Imagen ilustrativa
sábado 1 de agosto de 2026 · 04:42 UTC

El Parlamento de Venezuela aprobó este viernes 31 de julio la Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Viviendas. La sesión se celebró en una base militar en Caracas. El palacio legislativo quedó afectado por los terremotos.

El jefe parlamentario Jorge Rodríguez confirmó la aprobación por unanimidad. La norma aún debe ser promulgada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El doble terremoto del 24 de junio dejó más de 5.500 fallecidos. Según balances oficiales, 190 edificios colapsaron y otros 856 sufrieron daños, la mayoría en La Guaira. Más de 23.800 damnificados viven actualmente en campamentos en Caracas y La Guaira.

La parlamentaria oficialista América Pérez justificó la ley: «miles de hogares quedaron bajo los escombros, que miles de familias quedaron sin un hogar digno». El diputado Pedro Carreño agregó que la norma «da seguridad jurídica tanto al arrendador como al arrendatario».

Jorge Rodríguez había señalado que hasta 200.000 viviendas permanecen sin alquilar en Venezuela. Atribuyó esa cifra al temor generado por la legislación anterior, calificada de «muy regresiva».

Delcy Rodríguez prometió entregar 4.000 viviendas para diciembre a los afectados. El objetivo para el año próximo supera las 10.000 unidades. Para ello, dijo, sumará el mercado secundario.

Según la fuente, Rodríguez gobierna bajo presión de Washington tras la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero.

La aprobación de esta ley reconoce, implícitamente, el daño que dos décadas de legislación chavista causaron al mercado de arrendamiento: la norma anterior desincentivó el alquiler y dio paso a ocupaciones ilegales, según consigna la propia fuente oficial. Que el régimen recurra ahora a la seguridad jurídica y a la libre oferta de inmuebles —principios básicos de libre mercado— revela la magnitud del fracaso regulatorio acumulado. El reto es la ejecución: el aparato estatal que generó el problema no garantiza, por sí solo, que la solución llegue a tiempo a los 23.800 damnificados en campamentos.

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