NICARAGUA (Pulso) — Confirmado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay emitió este domingo un comunicado de preocupación.
El detonante: el dictador Daniel Ortega afirmó el 19 de julio que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones». Lo dijo durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista.
Ortega precisó que no habrá comicios «para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder», en referencia a la oposición.
Uruguay respondió. La cancillería reafirmó que el pueblo nicaragüense debe «ejercer su derecho soberano a través de elecciones libres, plurales y periódicas».
Antes del comunicado oficial, el opositor Partido Nacional uruguayo había presionado al gobierno de Yamandú Orsi. Calificó las palabras de Ortega de «actitudes y declaraciones totalitarias que no garantizan la libertad y la libre expresión».
La Unión Europea también actuó. El sábado, la alta representante de Exteriores, Kaja Kallas, instó al régimen a celebrar elecciones «según lo previsto», de forma «transparente, inclusiva y creíble». Reiteró además la condena a la «represión sistémica» atribuida a las autoridades nicaragüenses y reclamó la liberación de todos los presos políticos.
El régimen respondió con dureza. La cancillería nicaragüense rechazó el pronunciamiento europeo como «injerencista, imperialista y propio de una mentalidad anclada en un pasado colonial». Cerró con una frase: «No somos vasallos de nadie».
La contradicción interna es visible. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que sí habrá elecciones, pero bajo un nuevo marco constitucional. La vicepresidenta Rosario Murillo anunció además una propuesta de reforma electoral.
Ortega, de 80 años, gobierna desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral y eliminación de la oposición, según las fuentes.
En desarrollo.
Lectura de la casa. Lo que Ortega expresó no fue un desliz: fue una declaración de principios autoritarios. La presión de Uruguay y la UE es legítima. Pero la respuesta del régimen —invocar «soberanía» para blindar la ausencia de competencia electoral— es el manual clásico del caudillismo que destruye instituciones desde adentro. Mientras Managua habla de «reforma electoral», el mundo observa a un gobierno de 80 años que ya declaró inaplicable su propia Constitución. El reloj democrático en Nicaragua no se detiene: ya se detuvo.
