COLOMBIA (Pulso) — Washington impuso un arancel de 12,5% a productos colombianos. La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) concluyó que Colombia no ha aplicado de manera efectiva una prohibición contra mercancías producidas con trabajo forzoso.
La tarifa no aplica a café, aguacate, banano, mango, carbón, petróleo, oro ni cacao. Sí golpea flores, confecciones, textiles, vidrio, aluminio arquitectónico, plásticos, agroindustria procesada e industria cosmética.
Según Javier Díaz, presidente de Analdex, la medida afectaría 30% de las exportaciones colombianas. Las flores son el sector más golpeado.
El dato es contundente. Según María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, 80% de las ventas externas de flores van a EE. UU. y representan 60% de ese mercado en ese país.
Las flores son el tercer producto de exportación colombiano hacia EE. UU. Solo las superan combustibles y aceites minerales, con US$1.083 millones acumulados hasta mayo, y perlas finas y metales preciosos, con US$1.083,6 millones.
Laura Valdivieso, presidenta de Asocolflores, advirtió que el impacto es mayor porque «hasta abril del año pasado no había ningún arancel» bajo el Acuerdo de Promoción Comercial vigente desde 2012.
Martín Gustavo Ibarra, de Araújo Ibarra, precisó que el arancel adicional de 10% será reemplazado por 12,5%. Eso afectará un tercio de las exportaciones colombianas. El arancel promedio efectivo subirá a 3,6%, según su cálculo.
Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, confirmó esa cifra: el arancel efectivo pasa de 3,0% a 3,6%, un alza de 0,6 puntos porcentuales.
Lacouture aclaró que el cuestionamiento «está dirigido al sistema institucional con el que Colombia controla lo que importa desde terceros países», no a las exportaciones colombianas en sí.
Esto es lo que se sabe sobre el ángulo político. El arancel no cayó del cielo: es consecuencia directa de la inacción del gobierno Petro ante una obligación comercial concreta. Los sectores que pagan el precio —floricultura, textiles, cosméticos— son generadores intensivos de empleo urbano formal. Libre empresa castigada por fallas del aparato estatal. El costo lo asumen los trabajadores y exportadores, no los funcionarios que omitieron actuar.
