CUBA (Pulso) — El Departamento de Estado de Estados Unidos designó este jueves nueve entidades y dos funcionarios del régimen cubano. La medida apunta al sistema de misiones médicas en el exterior.
Entre las entidades sancionadas figuran la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC) y la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM). Washington acusa a ambas de operar un esquema de trabajo forzoso. También se designó a la directora de UCCM, Gretza Sánchez Padrón, y al ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda.
La ronda incluye además tres entidades del sector energético: el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y EINARBO S.A. Se sumó la Terminal de Contenedores de Mariel S.A., vinculada al conglomerado militar GAESA. También fueron designadas CEIBA Investments Limited y ORBIT S.A., procesador de remesas.
El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó las medidas de «acto de agresión». Según Rodríguez, Washington busca «provocar una crisis humanitaria» y oculta «intenciones genocidas», según publicó en redes sociales.
Las brigadas médicas cubanas operan desde hace más de seis décadas. Según datos oficiales, han enviado más de 600 mil profesionales a 165 países. Actualmente unos 24 mil sanitarios cubanos trabajan en 56 países. Entre 2018 y 2020, las exportaciones de servicios profesionales representaron más del 40% del total exportado por Cuba, según la ONEI.
Bajo presión de Washington, los gobiernos de Honduras, Guatemala, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago ya suspendieron o reformaron su cooperación médica con La Habana.
El presidente Trump firmó el 1 de mayo una Orden Ejecutiva que amenaza con sanciones a quienes apoyen financiera, material o tecnológicamente al gobierno cubano en sectores como energía, defensa, finanzas y minería.
Pulso Global observa: las sanciones aprietan la principal fuente de divisas del régimen. El programa médico no es ayuda humanitaria; es, según Washington, una fuente de ingresos sostenida por trabajo forzoso. Cada país que cancela contratos con La Habana reduce el oxígeno financiero de un aparato estatal que vive de exportar mano de obra cautiva.
