BRASIL (Pulso) — Washington, 15 de julio de 2026. El presidente Donald Trump ordenó este miércoles un arancel del 25% a «la mayoría» de las importaciones brasileñas.
El secretario de Estado Marco Rubio lo anunció en redes sociales. Su mensaje fue directo: «El presidente Lula y su Gobierno no han negociado de buena fe con Estados Unidos».
Rubio agregó que las políticas económicas de Lula «son perjudiciales tanto para los estadounidenses como para los brasileños». Señaló además que Lula «ha antepuesto su propio ego a la consecución de un acuerdo».
La oficina del Representante Comercial Jamieson Greer formalizó la medida. Listó los motivos: restricciones al comercio digital, aranceles preferenciales injustos, interferencia en la lucha anticorrupción, protección insuficiente de la propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol y deforestación ilegal.
Un punto central es el sistema de pagos Pix. Washington sostiene que Brasil «perjudicó injustamente» a proveedores estadounidenses al favorecer esa plataforma del Banco de Brasil.
El arancel entra en vigor el 22 de julio de 2026. Afecta productos farmacéuticos, aeronaves, vehículos y materiales informativos, entre otros bienes.
Brasilia respondió con dureza. La Presidencia brasileña calificó el 15 de julio como «un hito lamentable» en la relación bilateral. Rechazó las medidas como «unilaterales» y sin justificación.
El Gobierno de Lula citó cifras propias: según Brasilia, Estados Unidos acumuló un superávit comercial de bienes y servicios con Brasil de «424.500 millones de dólares en los últimos 15 años». Añadió que en 2025 el 76% de las importaciones estadounidenses ingresaron a Brasil sin aranceles y que la tasa media aplicada fue de solo el 3,1%.
Brasil declaró además que «no reconoce la legitimidad de las investigaciones sin respaldo en las normas multilaterales de comercio».
Greer señaló que las negociaciones durante el último año no resolvieron los problemas, aunque se mostró «abierto a continuar» dialogando.
Lectura de Pulso Global. El caso Brasil ilustra el costo de anteponer la retórica antiestadounidense a los intereses concretos de los exportadores y trabajadores propios. Un año de negociaciones fallidas bajo Lula termina con un arancel del 25% que los brasileños pagarán en competitividad perdida. Rubio y Greer enviaron una señal nítida: el libre acceso al mercado estadounidense no es un derecho automático; se gana con reciprocidad y estado de derecho, no con soberanismo de tribuna.
