ESTADOS UNIDOS (Pulso) — El Gobierno de Donald Trump prepara un programa de localización de migrantes deportados en sus países de origen. El objetivo: cobrar multas que, según las autoridades, aún adeudan al Gobierno federal.
Según documentos analizados por WIRED, la iniciativa se llama «Servicios de Localización y Recuperación de Pagos». La implementaría la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El presupuesto asignado llegaría a 9 millones de dólares en dos años.
El programa arrancaría en México, Honduras y Guatemala, aunque podría ampliarse.
Los contratistas harían vigilancia física y verificación de datos. Como prueba de residencia podrán presentar fotografías de viviendas, recibos de servicios, registros laborales, documentos judiciales o certificados de defunción.
Además, deberán entregar a cada persona localizada un folleto —en inglés y español— con el detalle de sus multas pendientes.
En julio, el DHS informó que había impuesto más de 84 mil millones de dólares en multas civiles. La sanción base es de 998 dólares por día, por un máximo de cinco años. Algunos casos acumularon hasta 1.8 millones de dólares.
Según Hasan Shafiqullah, abogado supervisor de la Sociedad de Asistencia Jurídica, algunas agencias privadas de cobranza añaden hasta 500 mil dólares en cargos administrativos adicionales.
El DHS ofrece condonar ciertas multas a quienes usen la app CBP Home para salir voluntariamente. Sin embargo, la exención no cubre una tarifa independiente de 5,130 dólares fijada por el Congreso para deportados detenidos por ICE.
Especialistas citados por WIRED califican la medida como una «escalada significativa» y advierten que vulnera el debido proceso.
Lectura de Pulso Global. Washington extiende su brazo recaudador más allá de sus fronteras. El mecanismo es claro: presión financiera sobre quienes ya cumplieron la deportación. Para quienes defienden el estado de derecho migratorio, la pregunta central no es si se cobran las multas, sino si el proceso que las originó garantizó defensa legal efectiva. El aparato estatal, una vez activado, raramente se detiene en la frontera.
