COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó suspender la mayoría de los controles en carretera de ICE. La decisión llegó tras la muerte de dos personas abatidas por agentes, según The New York Times y The Washington Post.
Una de las víctimas: Johan Sebastián Durán Guerrero. Colombiano, 26 años, repartidor. Vivía en Biddeford, Maine, con su esposa y su hija de tres años. Un portavoz de ICE señaló que «el vehículo intentó huir del lugar» y que el agente actuó «por temor por la seguridad del público».
El consejero de inmigración de Trump, Tom Homan, calificó la pausa de breve. «Creo que será una pausa corta, confío en que los agentes del ICE están bien capacitados», declaró a Fox News.
El presidente Donald Trump publicó un mensaje de respaldo a ICE. «Los hombres y las mujeres de ICE están haciendo un GRAN trabajo, uno que debe hacerse», escribió. Atribuyó a la política migratoria de Biden el ingreso de «25.000.000 de personas sin controles ni verificación» y defendió las detenciones de tránsito como herramienta clave.
En Scarborough, localidad cercana a Biddeford, decenas de personas protestaron frente a un centro de detención de ICE. Portaban una pancarta con el texto «Basta de matanzas».
El presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó en X. «Lo que ha ocurrido en Maine es un asesinato a un colombiano latinoamericano en manos del gobierno de los EEUU», escribió, según la fuente. Petro pidió que «los asesinos paguen por su homicidio» y que Trump dé explicaciones.
La semana pasada, un ciudadano mexicano fue abatido en Houston al volante de su camioneta. El DHS también sostuvo que intentaba escapar; testigos contradicen esa versión.
El caso pone en tensión dos realidades simultáneas: la necesidad de hacer cumplir la ley migratoria y la obligación de que los agentes del Estado respondan por el uso letal de la fuerza. El libre mercado y el orden legal no son incompatibles con la rendición de cuentas. La pausa del DHS reconoce, implícitamente, que los protocolos requieren revisión. Eso no es debilidad; es exactamente lo que distingue a un Estado de derecho de la arbitrariedad que Petro —con su retórica incendiaria— practica en Colombia.
