BRASIL (Pulso) — Washington activó este miércoles aranceles del 25% a productos brasileños bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio. El Representante Comercial de la Casa Blanca (USTR) citó al Pix como práctica de «intervención estatal» desleal.
El Pix es el sistema de pagos instantáneos del Banco Central de Brasil. Opera las 24 horas, los siete días. Es gratuito para personas y de costo mínimo para empresas. En mayo de este año registró más de 7.000 millones de transacciones. El 5 de diciembre pasado procesó 313,3 millones de operaciones en un solo día.
Cerca del 80% de la población brasileña —unos 170 millones de personas— lo usa, según la fuente. Su diseño arrancó en 2014. En 2018, bajo Michel Temer, el Banco Central formalizó el grupo de trabajo con 130 instituciones. Se lanzó masivamente en noviembre de 2020, durante la gestión de Jair Bolsonaro.
Según Washington, las reglas del Banco Central favorecen al sistema público en desmedro de Visa, Mastercard, Apple Pay y Google Pay.
Mónica de Bolle, investigadora del Peterson Institute for International Economics y profesora de Georgetown, rechazó el argumento. «No existe ningún fundamento económico ni jurídico», declaró, según la fuente. Agregó que el Pix «es la excusa» para recomponer el esquema tarifario que la Corte Suprema derrumbó en febrero. Según De Bolle, el lobby corporativo teme que la Unión Europea replique el modelo.
El Nobel Paul Krugman describió al Pix como «probablemente el futuro del dinero» y calificó la medida de Trump como un intento de «castigar una innovación exitosa para proteger los intereses de las tarjetas de crédito».
En Brasil, la disputa política por la «paternidad» del sistema enfrenta al gobierno de Lula —que exhibe el lema «El Pix es de Brasil»— con la oposición del senador Flavio Bolsonaro, que lo reclama como herencia de su padre.
Lectura editorial. La presión arancelaria de Washington sobre el Pix plantea una tensión real: un gobierno que dice defender el libre mercado usa instrumentos de coerción estatal para proteger a grandes plataformas privadas de la competencia. El argumento de «práctica desleal» se debilita cuando el sistema cuestionado es gratuito para el usuario final y fue construido con reglas abiertas para 130 instituciones, incluyendo privadas. El precedente importa: si Washington logra frenar infraestructura pública eficiente en nombre del libre comercio, el beneficiario no es el mercado —es el oligopolio de pagos.
