COLOMBIA (Pulso) — El Tribunal Administrativo de Cundinamarca apretó el cerco sobre el presidente Gustavo Petro. El magistrado ponente Luis Manuel Lasso interrogó en varias oportunidades al abogado de Petro, Alejandro Carranza, durante una intensa audiencia.
La pregunta fue directa. «¿Hay disposición del presidente de la República de reconocer los resultados de la segunda vuelta?», planteó el magistrado. El Consejo Nacional Electoral ya otorgó la credencial al presidente electo tras los comicios del 21 de junio.
Lasso señaló que Petro ha continuado afirmando públicamente la existencia de fraude electoral, pese a fallos previos del tribunal. Calificó esas declaraciones de «agravio» continuado. Consideró que reconocer los resultados sería la vía para explorar un pacto de cumplimiento.
La defensa rechazó el planteamiento. El abogado del presidente acusó al magistrado de intentar imponer «censura previa». Indicó que el caso fue puesto en conocimiento de organismos internacionales. Negó que la demanda exija al presidente reconocer al candidato electo.
Resultado: la conciliación fracasó. No hubo acuerdo.
Confirmado. En desarrollo.
Lo que está en juego es el estado de derecho. Un jefe de Estado que sigue sembrando dudas sobre resultados ya validados jurídicamente no solo desafía al tribunal: erosiona la institucionalidad que sostiene cualquier alternancia democrática. El aparato de defensa de Petro optó por blindar la narrativa del fraude antes que cerrar el conflicto. Esa elección tiene un costo para la estabilidad del país y para los colombianos que esperan una transición ordenada.
