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Tesoro de EE.UU. sanciona a Petrocoda: la gasolinera mexicana que ocultaba activos del CJNG

La OFAC incluyó a la empresa en su mayor operación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, que abarcó más de 50 personas y compañías. Según Washington, Petrocoda era controlada por la red de «El Jardinero».
Imagen ilustrativa
viernes 24 de julio de 2026 · 11:49 UTC

La empresa mexicana Petrocoda S.A. de C.V. quedó incluida en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La medida forma parte de la mayor acción de la OFAC contra el CJNG hasta la fecha. El paquete abarca más de 50 personas y empresas, según el comunicado oficial.

El Tesoro no sancionó a Petrocoda por vender combustible. La designó por ser, según la investigación estadounidense, una empresa controlada por la red de Audias Flores Silva, alias «El Jardinero». Flores Silva fue detenido por autoridades mexicanas el 27 de abril pasado.

Según la OFAC, «El Jardinero» mantenía el control de Petrocoda a través de su prima, Areli Isis Medina Flores, y de Gabriel Serrano Magaña, identificado como subordinado suyo. La gasolinera formaba parte de un entramado que incluía también una licorería, una empresa de ropa y otros negocios.

El Tesoro designó a Petrocoda conforme a las órdenes ejecutivas 14059 y 13224. Esas normas permiten bloquear cualquier propiedad de la compañía en territorio estadounidense o bajo control de personas estadounidenses. Además, prohíben transacciones con la empresa sin autorización de la OFAC.

Washington afirma que, pese a la detención de Flores Silva, su red financiera continúa operando mediante familiares, operadores logísticos y empresas legalmente constituidas. Entre sus colaboradores figura César Alejandro Villaseñor Olivares, «El Güero Conta», quien según la OFAC supervisaba una estructura de empresas fachada para lavar dinero del CJNG.

La investigación también vincula a subordinados de «El Jardinero» con producción y distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina desde laboratorios en Jalisco y Zacatecas, con redes de distribución hacia Estados Unidos.

El caso ilustra un patrón que el aparato estatal mexicano no ha desmantelado con suficiente vigor: el crimen organizado infiltra la economía formal —gasolineras, licorerías, empresas de ropa— para reciclar recursos ilícitos. Que sea Washington quien ponga nombre y apellido a esas estructuras, y no las autoridades mexicanas, dice todo sobre el estado del combate al lavado de dinero en el país. La libre empresa no puede prosperar cuando el crimen la usa de escudo.

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