Confirmado. Desde 2021, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida acumula 48 quejas contra empresas en México. Contra Estados Unidos o Canadá: ninguna.
La asimetría no es accidental. Según el análisis publicado en El Financiero, contra México basta una denuncia para activar el mecanismo. El gobierno mexicano debe probar que no hubo violación. Contra los otros dos socios, se requiere primero una resolución de sus propias autoridades laborales. Eso, en la práctica, nunca ha ocurrido.
El mecanismo se diseñó así porque México competía con salarios bajos y sindicatos que, según el texto, «protegían más a las empresas que a los trabajadores». Cinco años después, el salario mínimo casi se triplicó en términos reales. Se crearon tribunales laborales especializados y centros de conciliación. Los contratos colectivos ahora exigen voto libre y secreto.
Aun así, un grupo de senadores estadounidenses ya advirtió que las reformas mexicanas «no bastan si no se traducen en resultados concretos», según la misma fuente.
El sector automotriz concentra la mayoría de las quejas. Nombres citados: General Motors, Volkswagen de México, Goodyear, Pirelli y Grupo México. El T-MEC ya exige que parte del valor de cada vehículo se produzca con trabajadores que ganen al menos 16 dólares la hora.
La revisión del tratado arrancó recientemente en la Ciudad de México. Todavía no hay propuesta formal de convergencia salarial, pero la conversación, según el análisis, «ya va en esa dirección».
Esto es lo que se sabe.
El aparato regulatorio del T-MEC opera con reglas distintas según el país. México carga con el estándar más exigente y con la mayor exposición procesal. Las reformas laborales del gobierno son reales, pero el mecanismo no se rediseñó para reflejarlas. Esa brecha es el verdadero frente abierto en la renegociación. Las empresas exportadoras que ignoren su exposición al mecanismo asumen un riesgo innecesario. Las que auditen sus procesos sindicales y salariales hoy llegan con ventaja a lo que sigue.
