PANAMÁ (Pulso) — Panamá no cuenta con una política penitenciaria efectiva. Así lo sostiene un análisis publicado en La Prensa de Panamá. El diagnóstico es contundente: décadas de abandono estatal y cero continuidad entre gobiernos.
El modelo vigente es reactivo. Según el documento, los avances en rehabilitación son limitados. El seguimiento social tras cumplir la pena es escaso. La atención individualizada, prácticamente inexistente.
El resultado es grave. Quien ingresa por un delito menor, según el análisis, «muchas veces sale con mayores vínculos y conocimientos criminales». El aparato estatal no rehabilita: reproduce el delito.
La crisis no es nueva. En diciembre de 2019, una reyerta en la cárcel La Joyita dejó 13 muertos y 11 heridos. Las denuncias de la sociedad civil y la academia llevan años sin respuesta institucional firme.
El texto propone mirar a Colombia como referencia de derecho comparado. La Corte Constitucional colombiana declaró el llamado «estado de cosas inconstitucional» (ECI) en materia penitenciaria. Lo hizo en la sentencia T-153 de 1998, al constatar hacinamiento crítico en Bogotá y Medellín. Luego en la T-388 de 2013 y en la T-762 de 2015, que calificó la política criminal colombiana como «populista, volátil, incoherente y reactiva». La SU-122 de 2022 extendió el análisis a centros de detención transitoria.
El ECI obliga al Estado a coordinar respuestas de corto, mediano y largo plazo bajo control judicial sostenido. No es una solución perfecta: el sistema colombiano sigue enfrentando carencias estructurales. Pero al menos reconoció el problema institucionalmente.
Panamá aún no ha dado ese paso.
Lectura editorial. El problema de fondo es la ausencia de política de Estado. Cada gobierno administra la crisis sin resolverla. El contribuyente panameño financia cárceles que, según este análisis, agravan el problema de seguridad en lugar de atajarlo. Mientras la burocracia cambia de manos cada cinco años, la reincidencia crece y la ciudadanía paga la factura. El presidente Mulino tiene una oportunidad concreta: convertir la reforma penitenciaria en agenda de Estado, no de campaña. Sin eso, el ciclo se repite.
