Daniel Ortega lleva casi 20 años gobernando Nicaragua. La semana pasada lo dejó en claro: «¡Que se olviden! Aquí no volverá a haber elecciones».
Lo dijo en la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista. El repudio fue inmediato a nivel internacional.
El secretario de Estado Marco Rubio advirtió que Washington «no se quedará de brazos cruzados». La ONU, a través de su Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, ya había alertado un patrón de violaciones «graves, sistemáticas y generalizadas» desde 2018. El informe a la Asamblea General, presentado en octubre, califica los hechos como «crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, desaparición forzada y persecución». El régimen llegó a privar de la nacionalidad a medio millar de nicaragüenses, según ese documento.
México, en cambio, guardó silencio. La presidenta Claudia Sheinbaum apeló al principio de autodeterminación de los pueblos. Y el embajador mexicano en Managua, Guillermo Zamora Villa, según una misiva que circuló en medios y que la cancillería no ha desmentido públicamente, expresó al «compañero comandante» Ortega y a la «compañera» Murillo su «cariño y admiración» por el «hermano gobierno» de Nicaragua.
El senador Marko Cortés condenó «con firmeza la vergonzosa carta». El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, también rechazó la situación.
Tras la presión, el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, acotó que sí habrá elecciones, pero bajo un nuevo marco constitucional. El parlamento inició consultas para aprobar esa reforma a inicios de septiembre.
Pulso Global considera que invocar la autodeterminación para blindar a un régimen que la ONU acusa de crímenes de lesa humanidad no es principio: es complicidad diplomática. El silencio de México no protege a ningún pueblo; protege a quien lo somete. La libre empresa, la propiedad y los derechos básicos no tienen ideología. Tienen víctimas concretas en Managua.
