VENEZUELA (Pulso) — El respaldo del secretario de Estado Marco Rubio a un comunicado de la Asamblea Nacional electa en 2015 reavivó el debate. La Embajada de EE. UU. para Venezuela también apoyó una iniciativa conjunta con el gobierno interino para promover una transición democrática.
La reacción fue inmediata. Sectores venezolanos de distintos signos formularon la misma pregunta: ¿por qué Washington toma como referencia un parlamento electo hace más de una década mientras los comicios de julio de 2024 ocupan un lugar secundario en su discurso?
Durante años, la AN-2015 fue reconocida por gobiernos occidentales como la última institución elegida bajo estándares democráticos aceptables. Ese reconocimiento fue pilar de la presión internacional sobre Nicolás Maduro.
Tras el 28 de julio de 2024, organizaciones de derechos humanos documentaron denuncias de represión, detenciones y presuntas vulneraciones de derechos fundamentales. La incertidumbre política se agudizó en un país ya marcado por el éxodo masivo de millones de ciudadanos.
El 3 de julio se cumplieron 180 días del inicio del período presidencial de 2025. La exmagistrada Blanca Rosa Mármol sostiene que los plazos constitucionales para la juramentación ya se agotaron. Según ella: «Es la hora de la ciudadanía. No hay presidente».
A la crisis política se sumaron terremotos recientes. La sociedad civil asumió el peso de la respuesta inmediata ante la precaria infraestructura estatal. Trascendieron reportes sobre una eventual participación más directa de Estados Unidos en la administración temporal de la ayuda y la reconstrucción.
María Corina Machado intervino en el EPP Libertas Forum Madrid 2026. Afirmó que Venezuela no enfrenta una dictadura convencional sino «una estructura criminal en proceso de debilitamiento» y llamó a acelerar el respaldo internacional a una transición democrática.
Pulso Global observa: el ángulo de Rubio es coherente con una política exterior que prioriza legitimidad de origen sobre hechos consumados por la fuerza. Reconocer a la AN-2015 no es nostalgia; es negarse a validar el fraude como punto de partida. El verdadero costo de la ambigüedad lo pagan los venezolanos que esperan condiciones para regresar.
