Marco Rubio convoca una cumbre mundial de cancilleres. El tema central: narcotráfico y gobiernos vinculados a él. Según la fuente, más de 60 países participarán. El evento se realizará en Estados Unidos.
El secretario de Estado actúa «por indicaciones» del presidente Trump, según el columnista. La agenda incluye el combate a los cárteles, los narcopolíticos y los gobiernos de izquierda en Latinoamérica.
Venezuela, Colombia y Perú ya recibieron presión directa de Washington. México figura como caso de alta sensibilidad. La fuente advierte que la relación bilateral está «muy ríspida y a punto de tomar un giro de intervención directa».
Entre los escenarios posibles, el análisis menciona que Washington podría declarar organizaciones criminales a movimientos políticos que sostienen estos gobiernos. Eso cerraría, según la fuente, «la puerta de su operación política».
La columna señala que la soberanía invocada por el gobierno mexicano «está fuera de base y carece de sustento». Identifica como debilidades estructurales la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico.
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Desde Pulso Global: la cumbre que impulsa Rubio no es un gesto diplomático menor. Es la arquitectura institucional de una presión sostenida. Sesenta cancilleres en una misma sala, con Washington como anfitrión, es poder de agenda en estado puro.
México llega a ese escenario con el pie cambiado. El aparato estatal no ha resuelto la inseguridad ni la penetración del narco en la política. Esa debilidad no la fabrica Trump: la hereda el gobierno de Sheinbaum de años de erosión institucional. La libre empresa, el estado de derecho y la inversión extranjera necesitan un interlocutor creíble en Ciudad de México. Hoy ese interlocutor brilla por su ausencia.
