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Retenciones: el campo paga la emergencia que otros negocian

Un análisis advierte que los DEX castigan al sector agropecuario por su inmovilidad, mientras minería e hidrocarburos negocian regímenes especiales. Sin una salida legislativa clara, los 300 millones de toneladas seguirán siendo solo un sueño presidencial.
Imagen ilustrativa
lunes 3 de agosto de 2026 · 12:14 UTC

Buenos Aires — El sector agropecuario argentino carga con una paradoja fiscal. No se lo grava donde es más equitativo, sino donde es más fácil. Así lo plantea un análisis publicado por La Nación.

La tierra no migra. No tiene offshore. No puede desaparecer con un doble clic. Esa inmovilidad la convierte en blanco permanente de los Derechos de Exportación (DEX). Cada vez que un ministro necesita recursos, el campo absorbe la urgencia.

El contraste es nítido. La renta financiera tributa considerablemente menos que la renta agrícola, según el análisis. El capital financiero puede huir; el campo, no.

Los inversores en minería e hidrocarburos negocian sus condiciones de entrada. Los Regímenes de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) les garantizan, según el texto, que no enfrentan obligación de liquidar divisas ni la carga del cepo. Para ellos, los DEX no existen.

El resultado es una asimetría estructural: quienes tienen poder de negociación obtienen regímenes especiales; quienes no pueden irse, absorben las emergencias ajenas.

El estancamiento productivo es evidente. El volumen de soja actual, señala el análisis, no superará la cosecha del ciclo 2010. El clima ayudó esta campaña, pero el vaivén climático no reemplaza la certeza institucional.

Un marco legislativo de eliminación de DEX, con fechas comprometidas, generaría una corriente inversora en el agro. Los 200 millones de toneladas serían alcanzables con ese cambio. Los 300 millones que menciona el Presidente requieren un giro de expectativas que las «proyecciones homeopáticas» de bajas actuales no producen.

Lectura editorial. El esquema de retenciones no es solo un problema fiscal: es una señal negativa para cualquier inversor que evalúe Argentina a largo plazo. Si el Estado castiga al que ya está por no poder escaparse, el mensaje implícito es que quedarse tiene costo. Libre empresa y certeza jurídica no son adornos; son el único camino real hacia los 300 millones de toneladas. Las emergencias permanentes financiadas con el campo no construyen plataformas productivas. Las destruyen.

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