El debate sobre los Derechos de Exportación (DEX) agrícolas escala en Argentina. Productores y analistas del sector señalan un efecto poco discutido: las retenciones habrían subsidiado durante décadas a los competidores directos del país.
Los números son concretos. Brasil produce 180 millones de toneladas de soja; Estados Unidos, 120 millones; Argentina, 50 millones. Los productores brasileños cobran US$380 por tonelada en campo. Los estadounidenses, más de US$400. Los argentinos cobran US$300.
Según el análisis publicado en La Nación, la quita al productor argentino osciló entre el 5% y el 35% anual durante más de 40 años. En los últimos 20, entre el 15% y el 40%.
El ministro Luis Caputo defiende los DEX por razones de equilibrio fiscal. El propio presidente Javier Milei reconoció en septiembre de 2024 que «para proteger a la industria, se le robó al campo», según consta en declaraciones citadas por el medio.
El artículo recuerda que en septiembre pasado el gobierno redujo a cero los DEX a la soja por solo 48 horas. Productores estadounidenses protestaron públicamente ante esa medida.
Argentina posee, según la misma fuente, la industria aceitera más eficiente y competitiva del mundo en harina y aceite de soja. Esa ventaja estructural convive, paradójicamente, con precios de campo artificialmente deprimidos.
Lectura de la casa. Cuatro décadas de retenciones no fueron solo política fiscal doméstica: fueron una transferencia encubierta de competitividad hacia Brasilia y Washington. Cada dólar que el Estado argentino le quitó al productor es un dólar que Brasil y Estados Unidos no necesitaron ganar con eficiencia propia. El equilibrio fiscal que defiende Caputo es legítimo como objetivo; el instrumento elegido, no. Gravar la exportación para financiar gasto público es cobrarle al campo dos veces: una con la quita, otra con la inflación que ese mismo gasto genera. El libre mercado tiene una respuesta más simple: bajar el gasto, no penalizar al productor.
