ARGENTINA (Pulso) — La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles presentó una carta a Javier Milei.
Cepreb pidió cambios en el proyecto de ley de biocombustibles que se trata en el Senado. La entidad dijo que el esquema previsto pone en riesgo la continuidad de las pymes productoras de biodiésel de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis.
La carta fue firmada por Federico Martelli, director ejecutivo de Cepreb. El texto llegó mientras sigue la negociación por el nuevo régimen.
El dictamen aprobado el 3 de septiembre eleva el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10%. También sube el bioetanol del 12% al 15% en 12 meses.
En biodiésel, el esquema reserva 6,5 puntos para empresas no integradas y 3,5 puntos para un segmento abierto. En 2029, esa relación pasa a 5,5% y 4,5%. En 2030, queda en 5% y 5%.
Cepreb no rechazó la actualización del régimen ni una mayor competencia. Sí reclamó igualdad de trato con otros sectores. Mencionó el bioetanol de caña de azúcar y las plantas de biodiésel de Santa Fe.
La cámara señaló que el proyecto reserva 6% para el bioetanol de caña de azúcar. También cuestionó la segmentación de las plantas de biodiésel según integración.
Según Cepreb, ese mecanismo podría aumentar la participación de empresas radicadas en el complejo aceitero santafesino. La entidad sostuvo además que las pymes regionales quedaron fuera del diseño.
Martelli dijo: «No venimos a defender privilegios ni a pedir mercados cerrados». También pidió que no se las condene a desaparecer.
Cepreb agregó que el aceite de soja representa cerca del 80% del costo de producción del biodiésel. Señaló que las empresas integradas podrían competir con pymes que hoy deben comprar ese insumo.
La cámara también planteó que el régimen vigente se extiende hasta 2030. Afirmó que las inversiones se hicieron sobre esa base regulatoria.
Como alternativa, propuso llevar el corte obligatorio total al 12,5%. Planteó 5% para pymes regionales a más de 80 kilómetros del puerto de Rosario, 2,5% para no integradas del cordón portuario y 5% para libre mercado.
La discusión deja una señal clara para el sector productivo. Cuando el Estado redefine cupos, precios y segmentos, también redefine ganadores y perdedores.
Aquí está el punto central: la certidumbre vale más que la discrecionalidad. Un régimen que cambia sobre inversiones ya hechas castiga al que apostó a producir en el interior y favorece a los jugadores con más espalda.
En nombre de la competencia, el Congreso debe evitar un esquema que termine concentrando mercado. La libertad económica no se defiende con privilegios nuevos, sino con reglas parejas y previsibles.
