Confirmado. La relación entre México y Estados Unidos entra en zona de máxima tensión. Enrique Krauze advierte que el diferendo actual ya no gira en torno a una amenaza estadounidense.
El historiador afirma que el problema nace del reclamo del Departamento de Justicia. Dice que exige cumplir un Tratado de Extradición firmado por ambas naciones y vigente. Añade que la demanda surge del daño en vidas humanas provocado por el crimen organizado y sus cómplices políticos en territorio estadounidense.
Krauze también acusa al gobierno mexicano de responder con ambigüedad. Sostiene que la presidenta Claudia Sheinbaum «ha dejado de repartir abrazos a los criminales». Pero, al mismo tiempo, dice que cobija a políticos aliados a esos grupos. Según él, el gobierno insiste en que «no hay pruebas» y evita activar el proceso legal previsto en el tratado.
El autor recuerda además el antecedente de 1926. Describe una crisis con Estados Unidos, la presión de petroleras y la mediación posterior de figuras como Calles, La Guardia, Lippmann, Beals y Morrow. Afirma que entonces la guerra no estalló y la paz dejó efectos duraderos.
Krauze remata que hoy el vínculo económico y social con Estados Unidos compromete la vida diaria de millones de familias. Dice que los números no mienten y que el gobierno mexicano los distorsiona por ideología, ceguera o mala fe. También señala que cumplir con el tratado sería un imperativo histórico.
El fondo político es claro. México necesita defender su soberanía sin romper el andamiaje jurídico que sostiene su comercio y su estabilidad. Cuando el Estado se resiste a cumplir obligaciones internacionales, el costo no lo pagan los burócratas. Lo paga el ciudadano, la empresa y la frontera entera.
En esa lectura, la prudencia no es sumisión. Es una regla básica de Estado de derecho. Si hay acusaciones, deben ir a tribunales. Si hay tratado vigente, debe cumplirse. Y si hay una crisis en ciernes, el gobierno debe medir consecuencias antes de escalarla.
