ARGENTINA (Pulso) — Buenos Aires. El Gobierno argentino enfrenta su primer gran conflicto desregulador en el sector portuario. El Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei, entró en vigencia y generó una respuesta inmediata.
Prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país acordaron dejar de prestar servicios por tiempo indeterminado. La condición: que el Ejecutivo suspenda la nueva norma.
La Prefectura Naval Argentina distribuyó intimaciones individuales. Exigió a cada profesional retomar funciones «sin condicionamiento alguno». Advirtió que la interrupción puede derivar en denuncias penales y sumarios administrativos. El practicaje es servicio público regulado por el artículo 99 de la Ley de Navegación.
Qué cambia el decreto. La norma reemplaza un régimen vigente desde 1991. Crea un registro abierto de prácticos administrado por la Prefectura. Permite contratar libremente al prestador. Elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico en un mismo recorrido. Fija tarifas máximas a cargo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Amplía los casos en que los buques quedan exceptuados del servicio obligatorio.
«La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio», declaró el ministro Federico Sturzenegger al anunciar la reforma.
Primeras consecuencias. Según fuentes del sector consultadas por Infobae, el buque White Marlin permaneció fondeado fuera de puerto al no contar con práctico. La embarcación participa en tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). La demora afectó operaciones previstas para tendido de infraestructura submarina.
El sector prepara además una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron el decreto. Argumentan riesgo para la seguridad de la navegación.
El conflicto es revelador. Un gremio de profesionales regulados usa el paro como veto a una reforma que les recorta rentas de posición. El aparato estatal construido desde 1991 creó barreras de ingreso que hoy sus beneficiarios defienden con la paralización del comercio exterior. El costo lo paga el exportador, el productor y, en última instancia, el contribuyente. La respuesta del Gobierno —intimaciones legales, no negociación política— marca la cancha: la desregulación no se suspende por presión corporativa.
