COLOMBIA (Pulso) — El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, anunció la reanudación de exportaciones eléctricas hacia Ecuador.
Fecha de inicio: 5 de agosto. Volumen programado: aproximadamente 8,6 GWh diarios. Esa cifra cubre más del 8 % de la demanda eléctrica ecuatoriana, según el funcionario.
El volumen utiliza cerca del 78 % de la capacidad total de los enlaces internacionales de exportación entre ambos países.
Palma afirmó que la decisión prioriza primero el abastecimiento colombiano. Indicó que el Gobierno garantizó la conservación del agua en los embalses nacionales antes de habilitar la exportación.
El ministro también señaló que se activaron mecanismos para que empresas eléctricas de ambos países puedan celebrar contratos de exportación. Según Palma, esa posibilidad no había sido habilitada por ningún otro gobierno en los 23 años de relaciones comerciales eléctricas entre Colombia y Ecuador.
El anuncio incluyó un mensaje directo al presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Palma pidió que Ecuador actúe con «espíritu de reciprocidad» y dejó de lado cualquier «oportunismo político» tras las elecciones, según declaraciones recogidas por Semana.
El funcionario concluyó que el Gobierno deja establecidas las condiciones técnicas y regulatorias para garantizar la continuidad del intercambio energético.
Lectura editorial. El aparato estatal colombiano elige sus últimas semanas de gestión para lanzar un gesto energético con alto contenido político. La medida puede ser técnicamente razonable — cubrir un déficit real en Ecuador — pero el tono del anuncio revela la prioridad: el legado del petrismo, no la integración silenciosa y eficiente.
Llamar «oportunismo político» a las reservas del vecino, mientras se anuncia la medida con fanfarria oficial, es exactamente eso: política. El libre mercado energético regional no necesita tutelas ideológicas; necesita contratos, reglas claras y continuidad. Esas condiciones, si realmente quedaron establecidas, serán el único legado que valdrá la pena conservar.
