COLOMBIA (Pulso) — El Gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026. Declara situación de desastre nacional por el riesgo del fenómeno de El Niño. La vigencia es de 12 meses.
El decreto se sustenta en la Ley 1523 de 2012, que regula la gestión del riesgo de desastres. También invoca los artículos 48 y 49 de la Constitución, que obligan al Estado a garantizar la protección de la vida y la salud.
La principal fuente de financiamiento será el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD). El decreto ordena al Ministerio de Hacienda asegurar recursos suficientes. Se crea además una subcuenta temporal denominada «Fenómeno del Niño 2026-2027», administrada por el FNGRD.
El 21 de julio, según informó el propio Petro, el Gobierno reasignó $4 billones de vigencias futuras no comprometidas del programa Colombia Solar hacia la UNGRD. Con ese traslado, la entidad pasará a administrar $8 billones. Los recursos se destinarán, según el presidente saliente, a proyectos de agua potable, plantas desalinizadoras, respuesta a emergencias e instalación de paneles solares.
Todo esto ocurre a tan solo 15 días del fin de la administración Petro. El fenómeno de El Niño venía siendo advertido desde hace varios meses, según señala la fuente.
Las dudas sobre la oportunidad de la medida son fundadas. La Contraloría había advertido sobre la baja ejecución de recursos durante la pasada emergencia económica. Los antecedentes de corrupción en la UNGRD son documentados. Comprometer $8 billones en el cierre de un gobierno, con contratos de carácter urgente, es una fórmula conocida para el despilfarro del dinero de los contribuyentes.
Pulso Global observa: el aparato estatal que tardó meses en reaccionar al riesgo climático ahora actúa con velocidad inusual sobre el presupuesto. La pregunta no es si El Niño es real. Es quién ejecutará esos recursos, con qué controles y bajo qué gobierno.
