COLOMBIA (Pulso) — El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, exigió este miércoles una «acusación formal» contra el agente del ICE que disparó contra Joan Sebastian Guerrero, colombiano de 26 años, en Biddeford, Maine.
Petro publicó en redes sociales: «Solicito al consulado poner acusación formal a este integrante del ICE que asesinó a Joan Sebastian Guerrero».
La versión oficial. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que el ICE realizaba «vigilancia específica» en la última dirección conocida de un «extranjero en situación irregular con una orden definitiva de expulsión». Según el comunicado, el sujeto salió en un vehículo, «intentó huir» y, «temiendo por la seguridad pública», un agente disparó.
La versión civil. Las organizaciones Presente! y la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC) publicaron un comunicado conjunto. Afirman que Guerrero tenía número de Seguridad Social y derecho a trabajar en EE.UU.
Voz republicana. La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar sostuvo que su partido «se está equivocando» en materia migratoria. Declaró: «Al que tiene un récord criminal y es un delincuente, que lo echen, pero al que no lo tiene, va a trabajar y tiene al hijo al lado, a ese que no lo toquen». Calificó lo ocurrido como «muy mal hecho por parte del ICE».
Salazar admitió además que las fuerzas de inmigración «se le fue la mano» el año pasado y pidió «ya no haya más equivocaciones».
En desarrollo. Los hechos siguen siendo investigados.
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Lo que está en juego es preciso. Una política migratoria eficaz distingue entre el delincuente con orden de expulsión y el trabajador con documentos en regla. Confundir ambos perfiles no solo es un error operativo: erosiona la legitimidad del enforcement y le regala argumentos a Petro, cuya indignación selectiva conviene tomar con reservas. El libre mercado necesita orden en la frontera; también necesita que ese orden sea exacto.
