COLOMBIA (Pulso) — El gobierno del presidente Gustavo Petro habría desmantelado en silencio la Justicia Penal Militar y Policial (JPMP). Así lo documentó la revista Semana.
El mecanismo: resoluciones internas. El resultado: más de 100 civiles nombrados y decenas de uniformados retirados.
El director actual de la JPMP, José Reyes Rodríguez, es señalado como el ejecutor. Según Semana, trabajó con el exministro de Defensa Iván Velásquez en la Corte Suprema y lo acompañó en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). De la Cicig, según la fuente, ambos fueron expulsados. Rodríguez llegó a la JPMP a finales de 2022.
El 6 de mayo de 2024, Rodríguez firmó la Resolución 000303. Creó la figura de «inmersión en la actividad judicial»: cualquier militar en activo que aspire a un cargo debe cumplir una pasantía de un año. Durante ese año queda bloqueado para cualquier otra designación. Ese bloqueo, advierte Semana, no está contemplado en la Ley 1765 de 2015.
Para civiles, el camino es distinto. Mediante la Resolución 000596, firmada por Rodríguez el primero de agosto, el único requisito de preparación fijado fue un curso de Derecho Operacional en la Escuela de la Justicia Penal Militar. La fuente no precisa el año de esta resolución.
Las cifras, según el reportaje: en cargos administrativos nuevos, 27 servidores civiles incorporados; ningún militar o policía nuevo. En el sistema en transición, 26 civiles nombrados entre jueces y fiscales; solo dos militares. En el sistema actual, 56 civiles vinculados —13 nuevos, 43 ya estaban— más 26 civiles adicionales en cargos de apoyo judicial.
Hay casos polémicos. El mayor Javier González Gutiérrez afirma que lo notificaron por correo electrónico, fuera de horario, en vacaciones, minutos antes de que prescribiera una investigación. El juez Óscar Mauricio Saavedra fue nombrado siendo amigo personal de Rodríguez, quien lo reconoció pero defendió su idoneidad. Manuel María Murillo, hermano del excanciller Luis Gilberto Murillo, fue designado en la Escuela de Justicia Penal Militar. Fuentes citadas por Semana señalan que para los nombramientos polémicos no hubo protocolo de estudio de seguridad.
Rodríguez justificó la incorporación de civiles alegando falta de recurso humano capacitado en la Fuerza Pública.
Desde Pulso Global, el patrón es claro: un aparato estatal especializado —diseñado precisamente para que quienes juzgan a soldados y policías conozcan el combate— está siendo vaciado de su razón de ser. La experiencia castrense, reemplazada por cursos exprés. Los militares, bloqueados por requisitos sin respaldo legal. Los civiles, abiertos paso con trámites mínimos. Quien gana no es la justicia; quien gana es el control político sobre una jurisdicción incómoda para el gobierno.
