COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. El jefe de despacho presidencial, José Raúl Moreno, envió una carta de cuatro páginas al equipo del presidente electo Abelardo De la Espriella. El documento, revelado por Caracol Radio y por Julio Sánchez Cristo de W Radio, notifica que la posesión no puede realizarse en una guarnición militar.
El argumento central: el artículo 9 de la Ley 5 de 1992 fija la sede del Congreso en la capital de la República. La carta concluye que «esta jefatura de despacho no tiene competencia para autorizar, avalar ni gestionar que la ceremonia presidencial se realice en una instalación militar o en cualquier sede distinta al Capitolio Nacional».
De la Espriella había anunciado su intención de juramentar en una guarnición militar de Popayán. El gesto buscaba rendir homenaje a las Fuerzas Militares. Su equipo también solicitó apoyo para visitar bases en Popayán, Cali y Madrid (Cundinamarca). La Casa de Nariño negó ambas peticiones.
Sobre la visita a instalaciones militares, la carta cita el artículo 223 de la Constitución: el permiso para portar armas no puede extenderse a sesiones de corporaciones públicas. El Gobierno saliente invocó «la naturaleza civil que la Constitución busca preservar en los actos de las corporaciones públicas».
Sin embargo, la puerta no está cerrada del todo. El artículo 140 constitucional permite a las cámaras trasladar su sede por acuerdo mutuo. La abogada Ximena Echavarría, experta en derecho administrativo y electoral, señaló que «el Congreso es el que decide dónde sesiona». La decisión dependerá de quién presida cada cámara el 20 de julio.
Según El Colombiano, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, promueve a Alfredo Deluque (La U) para presidir el Senado y a Daniel Briceño (Centro Democrático) para presidir la Cámara. Ambos son cercanos al presidente electo.
El mismo documento incluye un dato llamativo: Petro entregaría a De la Espriella la Cruz de Boyacá, una de las máximas condecoraciones del país. Esto ocurre pese a que el mandatario saliente ha cuestionado públicamente la legitimidad de la elección.
Pulso Global observa: el aparato estatal saliente usa cada resorte burocrático disponible para complicar la transición. La maniobra no cambia el resultado electoral, pero revela la disposición del petrismo a obstaculizar hasta el protocolo. El Congreso, ahora, tiene la palabra.
