COLOMBIA (Pulso) — El sábado 1 de agosto, el avión presidencial aterrizó en el aeropuerto Golfo de Morrosquillo, en Santiago de Tolú (Sucre). Gustavo Petro no descendió. La aeronave permaneció cerca de 20 minutos en la plataforma y despegó. Decenas de invitados esperaban el inicio de la ceremonia.
Horas después, Petro, la Presidencia y la Aeronáutica Civil publicaron en sus cuentas de X que el aterrizaje constituía «la entrega oficial de las obras de modernización». Sin embargo, la propia Aeronáutica Civil había informado en un comunicado que la obra registraba un avance del 84,75%.
Desde su red social, Petro escribió: «Aterrizo en el avión presidencial en la pista aérea de Tolú hecha en mi gobierno. Falta el encerramiento de la pista ya adjudicado y la empresa que ponga la gasolina para jet, que debería ser Ecopetrol». Reconoció, así, que faltan obras.
Entre los pendientes documentados: cerramiento definitivo de la pista, suministro de combustible para jets e iluminación adecuada. El empresario Emiro Arrazol sostuvo, según El Colombiano, que el aeropuerto todavía no estaría en condiciones de recibir aeronaves Airbus A320, pese a los anuncios oficiales.
La ampliación llevó la pista de 1.300 a 2.200 metros de largo y 45 metros de ancho, lo que permitiría operar aeronaves tipo A320. Antes, la terminal solo recibía aviones de hasta 72 pasajeros. El proyecto fue incluido originalmente en el Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo durante el gobierno de Iván Duque, según El Colombiano.
El 27 de mayo, el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, le aseguró al presidente en Sincelejo: «Señor presidente, usted podrá aterrizar en su avión el 31 de julio en el aeropuerto de Tolú». El aterrizaje ocurrió el 1 de agosto. La inauguración prometida no se materializó.
Lectura editorial. A una semana de entregar el poder, el aparato estatal de Petro muestra su patrón más costoso: anunciar como cumplido lo que sigue inconcluso. Declarar «entrega oficial» una obra al 84,75% no es un matiz comunicacional; es usar recursos públicos —y la credibilidad institucional— para fabricar un legado. El contribuyente colombiano financia la obra y también financia la narrativa. Abelardo de la Espriella recibirá el aeropuerto sin cerramiento, sin combustible y con la inauguración pendiente.
