COLOMBIA (Pulso) — Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en su cuenta de X. En él denunció un supuesto fraude en las últimas elecciones presidenciales de Colombia. No presentó documentos ni informes técnicos.
Según el mandatario, «con dineros del narcotráfico de cocaína hacia los Estados Unidos y con los dineros de la inteligencia privada israelí» se habría reemplazado «el voto real de la ciudadanía colombiana». Atribuyó la operación a un programa informático de origen israelí.
Petro afirmó que el sistema manipuló hasta 1.800.000 votos durante el escrutinio. Aseguró además que Iván Cepeda fue quien realmente ganó los comicios. Calificó al presidente electo como un mandatario «sin legitimidad».
El mensaje incluyó referencias históricas a Simón Bolívar. También calificó a los israelíes de «genocidas» y los vinculó al supuesto robo electoral. Cerró con un llamado a «luchar por la libertad y la independencia nacional».
Ningún organismo electoral, auditoría independiente ni tribunal ha detectado manipulación masiva del escrutinio en los términos planteados. Petro no aportó evidencia verificable que respalde la existencia del software ni de la presunta operación.
Las acusaciones generaron rechazo por su gravedad y por la ausencia total de pruebas, según consigna la fuente.
Lectura editorial. Un presidente en ejercicio que niega la legitimidad de su sucesor sin una sola prueba no ejerce oposición: erosiona el sistema que él mismo juró defender. El aparato estatal colombiano merece un traspaso ordenado, no una narrativa conspirativa que mezcla narcotráfico, geopolítica y derrotas electorales propias. Cuando la denuncia sustituye a la evidencia, la institución presidencial paga el costo. Colombia, y su libre empresa, necesitan certeza jurídica; no caos discursivo desde Palacio.
