PERU (Pulso) — La Cancillería peruana emitió este sábado un comunicado oficial. Rechazó la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de la ONU. La postura es clara: el informe no obliga a nada.
El Ministerio de Relaciones Exteriores fue preciso. Según el documento, las opiniones del GTDA «no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional». Tampoco «constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias». No producen efectos directos en el ordenamiento interno.
El GTDA concluyó el jueves que la detención de Pedro Castillo fue arbitraria. Pidió su liberación inmediata. Señaló vulneraciones a los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También citó los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El informe fijó un plazo de seis meses para que el Estado informe sobre medidas adoptadas.
Castillo reaccionó el viernes desde prisión. A través de redes sociales calificó el fallo como una «histórica decisión». Exigió que organismos nacionales e internacionales acaten «de inmediato» lo dispuesto por la ONU. Advirtió que ignorarlo coloca al Estado peruano en «abierta rebeldía» frente al derecho internacional, según sus palabras.
El expresidente cumple una condena de 11 años por delitos de rebelión. La pena deriva del intento fallido de disolver el Congreso en diciembre de 2022. Además enfrenta otro proceso judicial por presunta corrupción y liderazgo de organización criminal.
La Cancillería subrayó que el GTDA es un «mecanismo de supervisión no jurisdiccional». Su propósito, según el comunicado oficial, es «promover el diálogo y la cooperación internacional».
Desde Pulso Global: Lima defiende aquí algo elemental. Un grupo de expertos independientes no equivale a un tribunal internacional. El Estado peruano procesó a Castillo por intentar destruir el orden constitucional. Ceder ante una recomendación no vinculante habría premiado precisamente ese intento. El principio en juego es la soberanía jurisdiccional. Ningún mecanismo consultivo de la ONU puede sustituir a los jueces nacionales en un sistema de derecho. Perú lo dijo con todas las letras.
