COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. Las Fuerzas Militares de Colombia ejecutaron 25 bombardeos entre el 11 de julio de 2024 y el 10 de julio de 2026, según un documento oficial obtenido por El Colombiano y confirmado por fuentes de Inteligencia Militar.
El patrón es revelador. Doce operaciones apuntaron al Estado Mayor Central (EMC) de 'Iván Mordisco'. Nueve, al Clan del Golfo. Tres, al ELN. Solo una golpeó al Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), la facción de Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarquá'.
El resultado en bajas: 101 muertes confirmadas. El subregistro es mayor, según las fuentes, porque no todos los cadáveres fueron recuperados.
El contraste con los primeros dos años de Gobierno es marcado. El 12 de agosto de 2022, apenas cinco días después de asumir el poder, el entonces ministro de Defensa Iván Velásquez ordenó frenar las llamadas Operaciones Beta. El pretexto fue proteger a menores reclutados a la fuerza. En la práctica, según el reportaje, paralizó toda clase de bombardeos.
En ese mismo periodo, 38 altos oficiales fueron llamados a calificar servicios. Según el diario, eso «llenó de temor a los comandantes». Nadie autorizó operaciones de ese tipo.
Mientras tanto, según análisis de las propias Fuerzas Militares citados por El Colombiano, los grupos armados pasaron de 15.000 a 27.000 integrantes y de 178 a 380 municipios con presencia activa.
'Calarquá' se separó del EMC a mediados de 2023, se llevó consigo al 60% de la tropa y retomó diálogos con la Casa de Nariño en octubre de ese año. Esa maniobra le otorgó, según un oficial de la Fuerza Pública citado por el diario, un blindaje explícito: «No podíamos planear bombardeos contra la gente de 'Calarquá', porque nos decían que eso sería atentar contra la 'paz total'».
El único bombardeo contra el EMBF ocurrió tras fuerte presión social, luego de que miembros del frente 36 torturaran y asesinaran al periodista Mateo Pérez.
Lectura editorial. El aparato estatal colombiano, bajo la conducción de Petro, usó su poder de fuego contra los enemigos del grupo que más hábilmente negoció en la mesa de «paz total». El libre mercado de la violencia tiene sus propias leyes: quien obtiene protección del Estado crece; quien no, retrocede. Los colombianos pagaron ese costo con territorio perdido y más de cien muertos confirmados. La pregunta que el Gobierno no ha respondido es si el patrón fue estrategia o negligencia.
