ARGENTINA (Pulso) — El ministro de Economía y Finanzas de Paraguay, Óscar Lovera, afirmó que Argentina «está en el camino correcto» para alcanzar el grado de inversión. Lo dijo en Ciudad de México, en el marco de la reunión de directorio del CAF.
Lovera calificó de «razonable» el objetivo planteado por el gobierno de Javier Milei para 2031. Condicionó el cumplimiento del plazo a «reformas aceleradas», estabilidad macroeconómica y continuidad de las políticas promercado.
Paraguay es el último país sudamericano en obtener esa categoría. Moody's se la otorgó en julio de 2024; Standard & Poor's, en diciembre de 2025. El proceso duró más de dos décadas de disciplina fiscal y estabilidad política.
«Ha sido un proceso de reforma, estabilidad económica y estabilidad política», dijo Lovera. «El acumulado de todas esas acciones permitió al país llegar a ser calificado».
Esta semana, Moody's elevó la nota soberana argentina desde Caa1 hasta B3 y mejoró la perspectiva de «estable» a «positiva». Fitch y S&P ya habían otorgado el mismo nivel. Aun así, Argentina permanece seis escalones por debajo del BBB-, primer umbral del grado de inversión.
Moody's destacó el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y la liberalización de la economía. Advirtió, sin embargo, que el país necesita fortalecer sus reservas internacionales.
Tod Martínez, de Fitch, sostuvo —según el documento— que Argentina ya presenta un perfil fiscal comparable al de países mejor calificados. El desafío, dijo, es consolidar reservas y demostrar que el nuevo marco de políticas se sostiene en el tiempo.
Lovera subrayó además la necesidad de seguridad jurídica. «Los gobiernos deben establecer las condiciones para que el sector privado tenga los incentivos para generar iniciativas», afirmó.
Confirmado. El aval de un par regional con credenciales probadas no es menor. Paraguay construyó su grado de inversión sin atajos: dos décadas de cuentas ordenadas y reglas previsibles para el inversor privado. Ese es exactamente el modelo que el ajuste de Milei intenta replicar en tiempo comprimido. El principal obstáculo no es fiscal —las calificadoras ya lo reconocen— sino la acumulación de reservas y la credibilidad institucional de largo plazo. Cada reforma que se consolide acorta la distancia; cada retroceso, la amplía.
