PANAMÁ (Pulso) — Panamá genera basura y no la procesa. Según la Cámara de Reciclaje de Panamá, el país es el segundo de América Latina con mayor generación de residuos per cápita, solo detrás de Chile. Apenas recicla el 5 % de sus desechos. El 95 % restante termina enterrado, incinerado o en ríos.
En noviembre pasado se aprobó la Ley 502. Es la primera norma integral sobre el tema. Incorpora ecodiseño, reparación de equipos y reutilización de materiales. Crea un Consejo Nacional de Economía Circular. Exige un Plan Estratégico cada cuatro años. Coloca al fabricante como responsable central.
El problema: el reglamento —que definirá multas e incentivos— seguía en debate interinstitucional hasta marzo. Sin reglamento, la ley no tiene dientes.
Durante el Congreso Bio Circular, celebrado en junio, empresarios y expertos alzaron la voz. El mensaje fue directo: basta de normas vacías, urge pasar a la acción.
Mientras el Estado redacta decretos, el sector privado ya se mueve. Emprendimientos panameños convierten uniformes usados y lonas publicitarias en nuevos productos. Han obtenido reconocimientos regionales. Una Red Nacional de Economía Circular agrupa al Sindicato de Industriales, universidades, gremios empresariales y recicladores de base. Esa red impulsó la ley sin esperar ningún decreto.
Panamá cuenta con puertos, infraestructura logística y una posición geográfica estratégica. La ley ya existe. Lo que falta es el reglamento operativo y la voluntad de ejecutarlo.
Desde Pulso Global, el diagnóstico es claro: cada mes que el aparato estatal demora el reglamento es un mes en que la libre empresa opera sin reglas ciertas ni incentivos definidos. La economía circular no es agenda ambientalista; es reducción de costos, generación de empleo y competitividad exportable. Panamá tiene la arquitectura legal. El gobierno de Mulino debe cerrar el ciclo regulatorio cuanto antes y dejar que el mercado haga el resto.
