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Análisis · ANÁLISIS

Panamá debate su Constitución: el ciudadano financia el Estado pero queda fuera del poder real

Un análisis publicado en La Prensa de Panamá identifica cinco reformas estructurales para romper el hiperpresidencialismo. El problema, dice el texto, no es de personas: es de diseño.
Imagen ilustrativa
lunes 20 de julio de 2026 · 05:10 UTC

La pregunta rara vez se formula en América Latina: ¿para quién está diseñada la Constitución?

Según un artículo de opinión publicado en La Prensa de Panamá, la respuesta incómoda es que está diseñada para quien gana el poder, no para quien lo delega.

El texto identifica el fenómeno como hiperpresidencialismo. Un presidente que concentra, nombra y remueve. Un Poder Judicial que depende de quien lo designó. Un Ministerio Público que mira hacia el Ejecutivo. Una Asamblea que le hace la vista gorda al presidente o lo chantajea, según convenga. Una Corte Suprema que, a su turno, juzga a los diputados. Según el análisis: «todos se deben favores, nadie responde ante el ciudadano».

El artículo propone cinco reformas concretas.

Primero: separar lo que hoy está mezclado. Prohibiciones expresas que cierren las puertas a la captura institucional. Si el fiscal no puede ser removido por el presidente, no puede ser su empleado.

Segundo: eliminar el efecto de arrastre electoral. Un bicameralismo con una cámara que se renueve a mitad del mandato presidencial permitiría al ciudadano corregir el rumbo sin esperar cinco años.

Tercero: mandatos judiciales largos, escalonados y seleccionados por mérito. Un juez que no le debe el cargo al gobierno puede decirle que no al gobierno.

Cuarto: darle dientes a los órganos de control. Contraloría, Ministerio Público y Defensoría con autonomía real, presupuesto propio y mandatos que no coincidan con el ciclo presidencial.

Quinto: crear una Corte Constitucional independiente, separada de la Corte Suprema, elegida con criterios técnicos y transparencia.

El texto concluye que ninguna de estas propuestas es radical: «son el estándar de las democracias que funcionan».

Desde la línea editorial de Pulso Global, el diagnóstico es preciso. La Constitución como manual del gobernante —y no como contrato con el ciudadano— es el origen de la captura institucional que frena la inversión, debilita la propiedad privada y expulsa la confianza del mercado. Panamá tiene una ventana: el debate constitucional en curso. Desperdiciarlo sería, esta vez sí, una decisión de personas.

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